Sanción definitiva por emergencia en obra pública
Diputados sancionan ley clave para reactivar obras públicas y definen límites de tres localidades entrerrianas
En las últimas horas, la Cámara de Diputados de la provincia dio sanción definitiva a la ley que prorroga el régimen de emergencia para agilizar certificaciones y trámites administrativos vinculados a obras viales y de infraestructura. Además, se aprobaron por unanimidad las leyes que establecen los límites jurisdiccionales de la ciudad de Bovril, y de las comunas Antelo y Distrito Sauce.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, busca “posibilitar la negociación en mejores condiciones con empresas contratistas, facilitar el reconocimiento y cancelación de sus créditos, promover la rescisión o renegociación contractual cuando resulte necesario”. Asimismo, se fundamenta en que “reducirá de manera significativa la litigiosidad existente o potencial, mediante acuerdos que incluyen el desistimiento de acciones judiciales sin costos para el Estado Provincial”.
Los fundamentos del oficialismo
Como presidenta de la comisión de Obras Públicas y miembro informante, la diputada Noelia Taborda se refirió al extenso trabajo de debate. “Pudimos dar cuenta de las obras paralizadas que encontró esta gestión al asumir, a lo que se sumó el tiempo de negociación con Nación más el período de negociación de acuerdos con empresas”, explicó. Y destacó: “En eso se sustenta este proyecto, se pide un poco más de tiempo para que el Estado provincial pueda cumplir con obligaciones asumidas. Esta ley resulta una adecuación legal necesaria y responsable”.
Taborda aclaró que la normativa “no amplía facultades discrecionales, sino que ratifica herramientas legales ya autorizadas por la Legislatura”, aportando “seguridad jurídica y responsabilidad fiscal necesario para cuidar el interés general de la provincia”.
Desde su bancada, la diputada Gabriela Lena apeló a “considerar una realidad que es la de que la obra pública atraviesa situación crítica que para nada implica una renuncia al Estado de Derecho, sino que, al contrario, permite revisar, negociar y encauzar controversias dentro de un marco legal y transparente”. Recalcó que “inseguridad jurídica sería mirar para otro lado, dejar que los conflictos se acumulen, que las obras se abandonen sin respuesta”.
Las voces en disidencia
Legisladores del Bloque de la minoría Más para Entre Ríos votaron en contra. El diputado Juan José Bahillo consideró que se busca “normalizar lo que debería ser una herramienta de excepción”. Señaló que “el volumen de obra pública no justifica una emergencia sino a que hay un problema de coordinación y de organización en lo administrativo que no logra resolverse, en un contexto nacional adverso en temas de financiamiento”.
Por su parte, la diputada Silvina Deccó argumentó que se habilita “la discrecionalidad y procedimientos extraordinarios en materia de inversiones”. Lorena Arrozogaray subrayó una contradicción al señalar que el gobernador Frigerio dice “defender la obra pública mientras el gobierno nacional la desfinancia”. Desde el Bloque de La Libertad Entre Ríos, Carlos Damasco se sumó al criterio de que “leyes de emergencia son para tratar situaciones excepcionales y no convertirlas en regla”.
Ordenamiento territorial para Bovril, Antelo y Distrito Sauce
En otro orden, el cuerpo sancionó tres leyes de demarcación de ejidos. La primera amplía los límites jurisdiccionales de Bovril, en el departamento La Paz. La segunda establece los linderos de la comuna Antelo, en Victoria. La última fija los límites de la comuna Distrito Sauce, en Nogoyá.
La diputada María Elena Romero, presidenta de la comisión de Asuntos Municipales que analizó los expedientes, brindó los fundamentos. “No discutimos líneas en el mapa o cuestiones de orden técnico o administrativo; se trata de una definición política sobre el modelo de provincia que queremos construir”, aseguró.
Romero detalló que “los expedientes cuentan con la revisión de organismos técnicos competentes, como la Dirección de Catastro y de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater). También responden a demandas reales de las comunidades involucradas”. Y cerró: “Definir límites jurisdiccionales no es un capricho sino un instrumento indispensable para ordenar el territorio, garantizar servicios públicos, planificar infraestructura y brindar seguridad jurídica”.
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