Reinscripción de inhibición en Causa Contratos
La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, informó a las partes que la resolución sobre los planteos relacionados con la reinscripción de las inhibiciones generales de bienes a algunos imputados en la Causa Contratos se conocerá en las próximas horas. Las defensas pidieron que se revoquen alegando que caducaron, entre otros cuestionamientos. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Fiscalía de Estado solicitaron su confirmación.
La jueza Castagno dará a conocer su resolución respecto de los planteos que realizaron las partes. Las defensas pidieron la revocación, mientras que la Fiscalía y la Fiscalía de Estado pidieron la confirmación de la resolución que dictó la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, cuando dispuso trabar la inhibición general de bienes a un grupo de los 31 imputados en la investigación. La causa busca determinar si una organización sustrajo durante una década millonarias sumas de las arcas del Estado mediante la simulación de contratos de obra en ambas Cámaras Legislativas de la provincia, por los que los contratados solo percibían una ínfima suma del contrato por prestar su nombre y sin realizar ninguna contraprestación.
Audiencia de argumentos
Las defensas y las acusaciones se vieron las caras en una audiencia reciente donde mejoraron los argumentos que presentaron por escrito respecto de la decisión de Barbagelata de ordenar, ante el pedido de Fiscalía, la reinscripción de las inhibiciones que había dictado con anterioridad. Aquella audiencia duró más de tres horas. Allí, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry; y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, acompañado de Gustavo Acosta; argumentaron respecto de la necesidad de mantener la medida cautelar, destacando que luce necesaria para cautelar los bienes que habrían adquirido los imputados con el producido ilegal de su conducta –si es que son encontrados culpables–, para resarcir a la sociedad.
Barbagelata hizo lugar al pedido de reinscripción de la inhibición general de bienes solicitada por Yedro, Aramberry y Gonzalo Badano. Se trata de la misma jueza que, en una resolución que generó polémica por los alcances de la medida, dispuso en su momento la más grave medida cautelar en materia patrimonial, medida que ese mismo año fue modificada parcialmente por Castagno, que redujo notoriamente los montos embargados.
El fondo de la causa
La Causa Contratos investiga a una presunta organización que desde ambas Cámaras de la Legislatura provincial se habría dedicado a sustraer de las arcas del Estado y bajo la modalidad de contratos de obra, una millonaria suma de dinero estimada en 3.000.000.000 de pesos durante la década comprendida entre 2008 y 2018.
Las defensas cuestionaron que la decisión de Barbagelata de ordenar la reinscripción de las inhibiciones fue ilegal, que causó un gravamen irreparable a los imputados y sus familias al decretar su “muerte civil” imposibilitándoles de trabajar y generar sus propios recursos. También criticaron que la norma que regula las inhibiciones establece claramente –sin que admita interpretaciones– que las medidas cautelares de bienes caducan a los cinco años de dictadas, destacando que esta caducó y, no obstante, se la reinscribió desconociendo la posición del Registro del Notariado que manifestó que no se podía realizar.
Críticas de la defensa
Las defensas consideraron que la reinscripción se trató de una medida “tardía”, “encubierta”, que vino a salvar un error de Fiscalía que dejó pasar más de un año para solicitar la renovación. También señalaron que la causa se remitirá a juicio, que la investigación está clausurada y no se imputó a las parejas de algunos imputados sobre las que penden las medidas cautelares, impidiéndoles disponer de su patrimonio en una medida “cruel e inhumana” que les impide el derecho a trabajar y proporcionarse el sustento para sí y sus familias.
Las defensas expusieron que las condiciones en las que se dictó la medida hasta hoy cambiaron, pero a diferencia de los fiscales que argumentaron que hoy el escenario es más complejo y requiere la confirmación de la cautelar, sostuvieron que los cambios deben analizarse en favor de los imputados. Así, cuestionaron la falta de fundamentación que, entienden, contiene la resolución que renueva la cautelar basándose en razones anteriores, cuando, por ejemplo, sobre las esposas de algunos acusados sobrevolaba alguna posibilidad de participación, que no fue sostenida en ninguna instancia del largo proceso.
