Prorrogan prisión domiciliaria del asesinato de Jazmín
En las últimas horas, la Justicia de Paraná dispuso la prórroga de la prisión domiciliaria para Julián Jonathan Manrique, de 21 años, acusado de tres delitos vinculados a un grave incidente con armas de fuego. La medida fue acordada entre la Fiscalía y la Defensa, y el joven permanecerá en un domicilio particular mientras se termina la investigación. El fiscal sostuvo que en ese plazo estará en condiciones de elaborar la pieza acusatoria o avanzar en un juicio abreviado propuesto por la defensa. Manrique enfrenta cargos por disparar contra un grupo de chicos que habría agredido a su grupo a la salida de una fiesta en Bajada Grande, y por no estar autorizado a portar armas.
Acuerdo entre partes y plazos definidos
La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, fue quien formalizó la decisión. El fiscal Laureano Dato y el defensor César Jardín llegaron a la audiencia con un acuerdo para prorrogar por 30 días la medida de coerción morigerada que ya pesaba sobre Manrique, o hasta la remisión de la causa a juicio. El fiscal expuso que la investigación está en su tramo final, y que declararon “cuatro o cinco testigos” cuyos testimonios respaldan la hipótesis acusatoria. Estos testimonios, según Dato, corroborarían que Manrique no era usuario legítimo del arma que presuntamente disparó para repeler una agresión.
Las armas y los riesgos procesales
Durante la audiencia, el fiscal adicionó que se acreditó que Manrique tenía en su poder las dos armas que se dispararon en el hecho. Se trata de una pistola calibre 9 milímetros, que sería la que él portaba, y un revólver calibre 38, que sería el que utilizó Yamil Cabrera (de 22 años) y que ultimó a Jazmín González, la adolescente de 16 años que falleció en medio del tumulto. Por estos elementos, el fiscal sostuvo que los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación se mantienen vigentes.
La mirada de la jueza sobre los plazos
La jueza Barbagelata interrogó a las partes sobre los parámetros usados para fijar la prórroga en 30 días. Explicó que su celo no estaba en la extensión de la medida, sino en evitar un dispendio jurisdiccional, avizorando que ese plazo podría no ser suficiente y forzar una nueva audiencia. El fiscal respondió que el plazo se acordó para que no se extendiera demasiado, pero consideró que 60 días serían suficientes para sus objetivos, una postura con la que coincidió la defensa. Barbagelata finalmente señaló que coincidía con la Fiscalía en que los riesgos procesales se mantienen vigentes hasta que no haya una sentencia firme.
