La reforma laboral de Milei puede revertirse

Javier Milei y el amplio círculo de la derecha política, social y empresarial están convencidos de que las reformas económicas que impulsa y, en algunos casos, son aprobadas en el Congreso, como la laboral, son irreversibles. Sin embargo, el devenir de la historia enseña que esto no es así, y no es necesario sumergirse en estudios profundos sino solamente observar lo sucedido en el extenso ciclo político del kirchnerismo.

A lo largo de esa etapa se fueron revirtiendo gran parte de las reformas regresivas de los noventa y, a partir de estos avances, la conducción de esta fuerza política y sus seguidores estaban fascinados con la idea de que la sociedad argentina no podía volver atrás en las transformaciones realizadas. Pero se pudo, como quedó en evidencia durante el gobierno de Mauricio Macri y ahora en el experimento liberal-libertario de Milei.

La dinámica sociopolítica no es lineal ni estática, sino que se nutre de diferentes variables que no son controlables por la voluntad o el deseo de un líder político.

Vamos a cometer un despropósito para la Física, y decimos que, aplicando la Tercera Ley de Newton a la interpretación política, la fuerza de la reacción se contrapone a la fuerza de acción. Este principio dice, en forma sencilla, que toda acción empuja una reacción. En política no hay mecánica perfecta, y el ajuste permanente también produce su contrafuerza: organización, conflicto, judicialización y disputa de mayorías. Y eso, tarde o temprano, vuelve a entrar en escena.

La violencia del ajuste regresivo de Milei, que hoy festeja el dispositivo de la derecha, está alimentando, aunque algunos todavía no puedan identificarla, la fuerza de reacción, que se expresará de un modo que no se sabe, por ahora, pero que lo hará.

Corsi e ricorsi

Es una expresión italiana del filósofo Giambattista Vico (1668-1744) y remite a la teoría de que la historia no avanza de forma lineal, sino en ciclos repetitivos de auge y caída, donde los acontecimientos pasados regresan bajo nuevas formas.

En materia laboral, ese vaivén es casi una regla: reformas, contrarreformas y derogaciones. Y si se quiere discutir ‘irreversibilidad”, conviene mirar una serie larga, no una coyuntura.

A veces, la historia reciente, como se mencionó al comienzo, sirve de refugio para estos momentos oscuros en términos socioeconómicos y laborales. Con la media sanción en el Senado de la ley que arrasa derechos laborales, resulta valiosodetallar el recorrido de los proyectos vinculados al trabajo en lo que va de este siglo con el aporte realizado por la organización Directorio Legislativo, cuya directora ejecutiva es María Barón.

El informe indica que, desde 2002 hasta la actualidad, el Poder Ejecutivo presentó 90 proyectos vinculados al trabajo, de los cuales 35 lograron convertirse en ley. Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner concentran el mayor número de proyectos laborales sancionados en cada presidencia, mientras que Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde aprobaron solo uno cada uno.

Ese recorte ya marca dos cosas. Primero, que la agenda laboral existe y se disputa: no es un terreno congelado. Segundo, que el número de proyectos no dice todo: lo decisivo es la capacidad política de convertir iniciativas en leyes y, más aún, la dirección de esas leyes: si amplían derechos o los recortan.

Lo relevante de esta serie no es una competencia de productividad legislativa, sino una evidencia simple: lo laboral entra y sale del Congreso según la correlación de fuerzas, y por eso no hay “irreversibles”.

El detalle de cada gestión es la siguiente:

• Alberto Fernández (2019–2023): Durante su presidencia se presentaron 8 proyectos de ley en materia laboral, de los cuales 2 fueron aprobados. A pesar de contar inicialmente con una correlación de fuerzas favorable en el Congreso, la agenda laboral del Ejecutivo enfrentó dificultades para avanzar y varias iniciativas quedaron sin sanción.
• Mauricio Macri (2015–2019): Entre 2015 y 2019, el Poder Ejecutivo presentó 10 proyectos laborales, con 6 leyes finalmente aprobadas. Si bien el volumen de iniciativas fue menor que en etapas anteriores, el nivel de sanción resultó intermedio, concentrado principalmente en los primeros años de gestión.
• Cristina Fernández de Kirchner (2011–2015): El segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner se destaca como el período de mayor efectividad legislativa en materia laboral. Se presentaron 12 proyectos y 11 fueron aprobados, lo que representa una tasa de sanción casi total y un vínculo sólido entre el Ejecutivo y el Congreso.
• Cristina Fernández de Kirchner (2007–2011): Durante el primer mandato de CFK se impulsaron 14 proyectos laborales, de los cuales 9 se convirtieron en ley. El período muestra un alto nivel de aprobación y una agenda laboral que logró reunir consensos parlamentarios suficientes para avanzar.
• Néstor Kirchner (2003–2007): Entre 2003 y 2007, el Poder Ejecutivo presentó 37 proyectos laborales, el número más alto de toda la serie analizada. Sin embargo, solo 5 iniciativas fueron aprobadas, lo que evidencia una brecha significativa entre el volumen de proyectos enviados y los resultados legislativos efectivos.
• Eduardo Duhalde (2002–2003): Durante la presidencia de Eduardo Duhalde se presentaron 8 proyectos laborales, de los cuales solo 1 fue aprobado. El contexto de salida de la crisis de 2001 condicionó una agenda legislativa limitada y con escaso margen para sanciones.
• Fernando de la Rúa (1999–2001): Durante su presidencia, el Poder Ejecutivo presentó 13 proyectos de ley en materia laboral, de los cuales solo 1 fue aprobado. El bajo nivel de sanción se dio en un contexto de creciente conflictividad social, fragmentación política y debilidad del oficialismo en el Congreso.

Ley Banelco: una norma regresiva y su derogación posterior

“La comparación entre presidencias permite dimensionar no sólo la agenda laboral de cada gobierno, sino también su capacidad para transformar iniciativas en leyes. El seguimiento de estos proyectos aporta una mirada de largo plazo sobre el vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en uno de los temas centrales de la agenda legislativa”, concluye el informe de Directorio Legislativo.

En estos años, hubo marchas y contramarchas en la legislación laboral, y lo seguirá habiendo. La referencia más notable es la Ley 25.877, sancionada en el gobierno de Kirchner, que derogó la ley 25.250, más conocida como la ley Banelco en el gobierno de De la Rúa. Este cambio de normativa, cuando el ministro de Trabajo era Carlos Tomada, implicó la recuperación de derechos, el fortalecimiento de la inspección laboral, el período de prueba volvió a ser de sólo 3 meses, se amplió la capacidad de negociación colectiva al incorporar los cambios tecnológicos en la producción, se restableció la ultraactividad, se adoptaron los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para delimitar los servicios esenciales, entre otras recuperaciones de derechos del trabajo.

Con el impulso macroeconómico de mediados de 2002, la economía creció en esos años lo que, en ese momento, se denominaba “tasas chinas”, del 8% al 10% anual, con fuerte creación de empleo registrado, y lo hizo con una legislación laboral (incluyendo la doble indemnización) que, según los criterios de Milei y el mundo empresarial, no fomenta la contratación de personal.

Casi todo lo que dice Milei y su coro mediático colisiona con la evidencia empírica. Esta reforma laboral no va a crear empleo. La informalidad no se explica por la ley, sino por el tipo de crecimiento y por el control estatal. Y los empresarios no van a invertir más porque los trabajadores tengan menos derechos: invertirán si hay demanda, estabilidad macro y reglas de juego que favorezcan el desarrollo, no la bicicleta financiera. De hecho, durante el kirchnerismo la informalidad laboral se redujo del 49,5% de la herencia de la experiencia neoliberal Menem-De la Rúa, al 30,0%.

Golpe directo a las mentiras libertarias

Para sostener el relato, el oficialismo repite un manual de eslóganes sobre trabajo y derechos; conviene ordenarlos y desarmarlos uno por uno. El abogado y docente de la UBA Pablo Serdán publicó un ilustrativo tuit en su cuenta de la red X, al exponer las falacias del mundo libertario acerca de la legislación y el mercado de trabajo:

• “La ley es vieja (de los 70)”: Falso. Es un cuerpo normativo vivo con cientos de modificaciones. No es vieja, es incómoda para el capital.
• “Actualizamos el sistema a las nuevas realidades”: Mentira. Lo único “moderno” que tiene la ley es decir que el trabajo en plataformas no es trabajo.
• “Vamos a terminar con la industria del juicio”: Mentira. Al ser una ley regresiva, va a dar lugar a una avalancha de planteos de inconstitucionalidad. No eliminan el juicio, cambian el motivo del reclamo.
• “El trabajador va a poder elegir”: Mentira. La desigualdad estructural del empleo hace que la libertad del más fuerte siempre oprima a la parte débil.
• “Es lo que la gente pidió”: Mentira. La gente quiere laburo en blanco y vacaciones. Nadie votó para que lo puedan echar más fácil o para quedarse en la calle sin protección.
• “Reducir derechos crea empleo”: Mentira. No hay evidencia empírica sólida que demuestre que bajar protección laboral genere más trabajo formal; puede expandir la precarización sin aumentar el empleo registrado.
• “En Argentina la legislación no permite crear empleo registrado”: Falso por dos motivos. La precarización es un fenómeno global y, además, con la misma normativa se creó empleo registrado a partir de 2003. El problema no es la existencia de derechos, sino el modelo económico.

Dicho de otro modo: el discurso libertario necesita presentar los derechos como un obstáculo para tapar lo central. El problema no es que existan derechos; el problema es un modelo económico que no crea empleo de calidad y, para sostenerse, busca abaratar el trabajo y disciplinar a quienes viven de un salario.

Cuál es el objetivo de la reforma laboral de Milei

Los argumentos expresados en el Senado por la coalición de derecha (libertarios, radicales, macristas y peronistas de gobernadores conservadores) son demolidos por la evidencia, local e internacional, sobre el funcionamiento del mercado de trabajo.

El boletín sociolaboral del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas explica que la reforma laboral de Milei está orientada a “flexibilizar” las relaciones de trabajo. Señala que los datos muestran que el problema argentino no es un supuesto “exceso” de derechos, sino una estructura de precarización e ingresos insuficientes que ya funciona como disciplinamiento social.

La reforma, en ese marco, no aparece como respuesta a un mercado laboral que no genera empleo de calidad, sino como “un intento de institucionalizar lo que hoy son fraudes y relaciones clandestinas, consolidando la asimetría estructural entre trabajador y empleador, debilitando la acción colectiva y habilitando un uso más intensivo y barato de la fuerza de trabajo”.

Explica que en una economía con sesgo reprimarizador, desindustrialización y valorización financiera, la creación de empleo de calidad se debilita y el mercado de trabajo se organiza alrededor de la extensión de la precariedad y la insuficiencia de ingresos.

Para concluir que “en ese contexto, una reforma laboral que amplíe la discrecionalidad patronal, facilite contrataciones precarias, limite la acción colectiva y busque extender jornadas, no “moderniza” el trabajo. Lo que hace es legalizar lo que hoy es clandestino, consolidar un mercado laboral de bajos salarios y alta rotación, y profundizar la desigualdad de poder que ya está en la base de estos indicadores”.

Sin embargo, lo que hoy la coalición de derecha con Milei a la cabeza celebra como “irreversible” es, en realidad, apenas una fotografía de poder tomada en un instante de fragmentación social y política: una mayoría circunstancial en el Congreso, un clima de época, una economía disciplinada por el miedo a la pérdida del ingreso y del empleo.

Pero la historia de resistencias muestra que las reformas regresivas no son inamovibles. Cuando el ajuste se traduce en precariedad normalizada, salarios degradados