Juicio a policías por abusos a menores
En las últimas horas, comenzó a sustanciarse a puertas cerradas y ante un jurado popular el debate que tiene como imputados a dos policías acusados de abusar de dos menores, que al momento de los presuntos hechos tenían 15 y 13 años. Los abusos habrían ocurrido en la ex Estación de Trenes de Paraná, sobre calle Pascual Palma, entre Racedo y Pronunciamiento.
Tras una audiencia de selección de jurados realizada la semana pasada, dio inicio el juicio contra los dos efectivos, acusados de abusar de dos menores institucionalizadas que se habían retirado de una institución. Los supuestos abusos habrían tenido lugar a la madrugada, en un vagón de tren ubicado en la Sección Guardia Especial, dentro del predio de la ex Estación de Trenes.
Durante el largo proceso, varios efectivos inicialmente implicados fueron resolviendo sus situaciones, quedando finalmente solo dos sospechosos. Quienes llegan a debate son el cabo Samuel Enrique Morel y el agente Ezequiel Alejandro García.
Los actores del juicio
La acusación pública es responsabilidad de las fiscales Valeria Vilchez y Fernanda Rufatti. Las defensas están en manos de los abogados Iván Vernengo, Damián Petenatti y Claudio Berón. La querella, por su parte, es ejercida por Guillermo Mulet y Leonardo Schoenfeld.
Origen de la causa
La causa comenzó a sustanciarse por una denuncia presentada por la Defensora Penal de Niños, Niñas y Adolescentes N° 8, por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. Las víctimas eran dos chicas de 13 y 15 años al momento de los hechos. Sobre las supuestas víctimas pesaban pedidos de localización por haberse fugado de la Residencia Mujercitas del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).
Un proceso largo con imputados que se desvinculan
En un principio, la causa tuvo como imputados a cinco efectivos de la Policía de Entre Ríos, a quienes se les atribuían distintos roles en los hechos. Desde el inicio de la investigación hasta la actualidad, tres de los sospechosos resolvieron sus situaciones procesales mediante juicios abreviados a fines de 2017, donde se destacó que no tuvieron participación en los supuestos abusos.
En primera instancia, aquellos acuerdos fueron rechazados por el juez de Garantías N°5, Mauricio Mayer, quien fundó su posición en la disconformidad con la calificación legal acordada. Según precisaron fuentes judiciales, en aquella audiencia la fiscal Vilchez “cambió la calificación legal porque entendió que se comprobó que los tres efectivos desconocían absolutamente las intenciones de sus colegas y lo que sucedió a la postre; lo único que hicieron fue estar durante quince minutos en el mismo lugar con las chicas y que su única responsabilidad es la de ser funcionarios policiales”.
Posteriormente, el acuerdo fue homologado en los términos en que fue presentado, desvinculando a los tres efectivos de la causa principal que ahora se debate en juicio.
