El Indec bajo presión: los motivos no declarados del ajuste estadístico
El Gobierno nacional decidió mantener el actual sistema de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), una medida que, según promueven el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, no alteraría sustancialmente las cifras de inflación. Sin embargo, análisis especializados señalan que existen más de una razón para que la administración haya optado por conservar la metodología vigente, designando a un funcionario afín en el Indec para tal fin.
En las últimas horas, el propio Caputo aseguró que el IPC de enero, medido con la nueva canasta básica (de 2017-2018) que finalmente no se implementó, hubiera arrojado una décima menos que con la canasta actual, basada en consumos de 2004-2005. El ministro había anticipado que la inflación del primer mes del año sería de aproximadamente un 2,5%, buscando así despejar versiones que indicaban que la marcha atrás se debía a que el índice iba a ser más alto, incluso cercano al 3,5%.
Un relevamiento entre consultoras privadas mostró que la mediana estimada para enero era de 2,4%, en línea con lo dicho por Caputo, aunque algunas firmas, como PxQ, pronosticaron un 3%. No obstante, las diferencias potenciales entre una metodología y otra no se limitarían solo a enero.
El desafío de la inflación de febrero
Lo que la explicación oficial omite es que el problema real, de haberse aplicado el nuevo IPC, se presentaría con la inflación de febrero, cuyos datos se conocerán a mediados de marzo. Esto se debe a que el índice cancelado le otorgaba un peso mayor a las tarifas de servicios públicos como el gas y la electricidad, reflejando con más realidad la estructura de gasto actual de los hogares, que incluye los sucesivos aumentos tarifarios de los últimos años.
En concreto, el IPC vigente asigna solo un 9,8% de ponderación al rubro “vivienda” (que incluye gas, electricidad y agua), mientras que el nuevo índice elevaba esa participación al 14,5% del total. Este cambio generaba un combo explosivo con la quita de subsidios energéticos, que ya se tradujo en aumentos para la luz y, más significativamente, en una suba nacional del 16% para el gas aplicada recientemente. El impacto pleno de estos ajustes se vería recién en el índice de febrero.
Consultoras estiman que solo los aumentos en servicios podrían agregar alrededor de 1,6 puntos porcentuales a la inflación de febrero. Por lo tanto, es probable que el IPC del mes en curso muestre una cifra varias décimas más alta que la de enero, un efecto que se hubiera amplificado con la nueva metodología.
Consecuencias más allá de los precios
La aplicación del nuevo IPC hubiera supuesto una mayor inflación para todo el año 2026, con consecuencias que trascienden el índice en sí mismo. Por un lado, hubiera afectado con más fuerza a los salarios reales. Un cálculo del CEPA indica que, con el índice descartado, la caída de los salarios registrados entre fines de 2023 y fines de 2025 hubiera sido de 15,7 puntos, contra una merma de 6,4 puntos con la medición actual.
Por otro lado, un IPC más alto hubiera comprometido en mayor medida la meta de superávit fiscal, ya que jubilaciones, prestaciones de Anses como la AUH y los bonos CER están indexados a la evolución de los precios. Este último punto incluso podría generar potenciales problemas judiciales, según advierten especialistas, por el menor retorno que otorgarán los bonos indexados al suspenderse la nueva medición.
En paralelo, la decisión le genera al Gobierno un inconveniente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien había acordado formalmente la publicación del nuevo IPC. Ahora el organismo se encuentra en la disyuntiva de criticar la marcha atrás o convalidar un cambio que incumple lo pactado, en vísperas de una nueva revisión de los acuerdos.
