El ejemplo de Milei que desmiente al propio Gobierno sobre el empleo
Reforma laboral en la mira: los números que desmienten la promesa de más empleo registrado
En las últimas horas, mientras el Gobierno nacional se prepara para impulsar un nuevo proyecto de reforma laboral, un análisis detallado de las estadísticas oficiales expone un resultado que contradice frontalmente la promesa de “modernización” y “más trabajo” que esgrime el oficialismo. A más de un año de la aprobación del capítulo laboral de la denominada “Ley Bases”, la mayor desregulación del mercado no derivó en más empleo formal, sino en una profundización de la precariedad: se perdieron más de 270.000 puestos asalariados registrados y la informalidad trepó al 43%. Peor aún, los pocos empleos generados responden a relaciones laborales inestables: dos de cada tres fueron cuentapropistas y uno de cada tres, asalariados no registrados. El crecimiento se concentró casi exclusivamente en modalidades precarias, mientras retrocedía el trabajo con derechos.
El caso de la actual gestión se convirtió así en el principal ejemplo que desmiente al propio Gobierno. Pese a que el oficialismo insiste en que abaratar costos laborales y flexibilizar condiciones es la llave para crear trabajo, la evidencia muestra que los cambios implementados –extensión del período de prueba, figura de “colaboradores independientes” y mecanismos alternativos a la indemnización– convivieron con un deterioro inédito del empleo de calidad, especialmente en el sector privado, donde se destruyeron cerca de 180.000 puestos registrados.
Asimismo, la experiencia actual se inscribe en una larga serie de ensayos fallidos. En las últimas décadas, distintas reformas laborales prometieron impulsar la contratación a partir de reducir “costos” empresariales, pero los resultados fueron sistemáticamente los mismos: menos empleo formal, más precarización y una creciente desigualdad en los ingresos.
El contraste entre la promesa y la realidad de los números
El gobierno buscará avanzar en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso con su proyecto de “modernización laboral”, que, según aseguran sus funcionarios, sería una solución para la creación de empleo, aunque llamativamente no se explicita qué puntos o herramientas concretas llevarían a más y mejor empleo. Paradójicamente, un ejemplo reciente que muestra que la mayor desregulación no genera más empleo se encuentra en la propia gestión nacional.
En concreto, en lo que va de la administración, el empleo no registrado tocó niveles históricos, se consolidó un mayor subempleo y se generalizó el pluriempleo. Tras los cambios laborales implementados con la “Ley Bases” –mayor periodo de prueba, categoría de colaboradores “independientes”, fondos de cese laboral optativos–, lejos de crear fuentes de trabajo, el último dato oficial indicó que se perdieron más de 270.000 puestos de trabajo asalariados registrados, con particular destrucción en el sector privado (-180.000 puestos), seguido del empleo público (-60.000) y en casas particulares (-30.000). Por el contrario, en el año posterior a la aprobación de la ley, los puestos que sí crearon respondieron a trabajos precarios: dos de cada tres fueron cuentapropistas y uno de cada tres asalariados no registrados.
“La economía y el mercado laboral se mueven por incentivos. Hoy estamos en el peor de los mundos. Los sectores mano de obra intensivos no requieren más puestos de trabajo y la ley no sanciona la falta de registro. Los resultados están a la vista”, publicó el especialista Luis Campos al respecto.
De esta manera, los nuevos puestos de trabajo generados en estos dos años se concentraron exclusivamente en las categorías de asalariados no registrados y no asalariados. En detalle, el 85% del incremento del empleo que muestran los datos oficiales estuvo constituido por trabajadores informales y cuentapropistas. Ello en un escenario donde los principales sectores generadores de empleo (Industria y Construcción) fueron los más afectados por la política económica en marcha (-60.000 y -70.000 puestos, respectivamente).
Asimismo, el cierre de empresas no encuentra freno y en los últimos dos años llegó a 21.000 según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. De acuerdo a las estimaciones del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) “la actividad industrial –principal generadora de empleo registrado– aún se encuentra estancada”. Un dato clave de dicho relevamiento exhibió que 21% de las empresas redujo su dotación de personal, aumentó el uso de medidas como reducción de turnos (23,5%) y las suspensiones (7,7%).
Por su lado, el último informe de CIFRA-CTA señaló que “los períodos de gobierno en los que se llevaron a cabo reformas laborales regresivas coincidieron con un mal desempeño del empleo mientras que, por el contrario, en aquellos gobiernos en los que se legisló para restablecer y/o ampliar los derechos de las y los trabajadores creció en mayor medida el empleo registrado privado”.
La experiencia histórica y el impacto en los ingresos
La propia experiencia histórica de nuestro país desmiente la suposición del oficialismo nacional. “Desde la última dictadura militar hasta el presente, se implementaron diversas reformas regresivas en la legislación laboral y en las instituciones protectoras del trabajo, que coincidieron con etapas negativas para el mercado laboral, con débil generación de empleo en general y aumento de la informalidad, además de importantes caídas salariales”, agregó el centro de estudios.
Las cifras oficiales evidencian que la mayor desregulación laboral no crea empleo: un antecedente claro es entre 1990-2001 cuando la reforma menemista redujo las Contribuciones Patronales y privatizó la Seguridad Social pero la desocupación pasó del 7,5% al 20% y la informalidad llegó al 43%. A diferencia, entre 2003-2015 se generaron 3,1 millones de puestos de trabajo registrados privados y la desocupación se redujo (6%). Más cerca en el tiempo, entre 2016-2019 en la gestión macrista se perdieron 276 mil puestos de trabajo registrados privados y el desempleo pasó de 5,9% a 10%, mientras que luego de la pandemia por Covid, en 2022 la reactivación económica permitió la creación de 360 mil puestos de trabajo.
En materia de ingresos, las cifras oficiales evidencian también que, en este tiempo, se amplió la desigualdad salarial entre trabajadores. El Gobierno nacional buscó romper la negociación colectiva y profundizar la brecha salarial, con un promedio que oculta que los trabajadores de menores ingresos pierden mucho más. Así, la desigualdad salarial en el empleo formal creció 8,0% entre 2017 y 2025, el salario real promedio de convenio se contrajo un 20%.
Por su parte, un documento de la consultora C-P sobre la situación de las paritarias evidenció que el 70% de los convenios cerró el último año con actualizaciones debajo del 2% (es decir, perdiendo contra la inflación). Pese a una aceleración de las paritarias en el último tramo del año, la inflación mensual continuó al alza y los acuerdos siguen quedando debajo. “Esto lleva a esperar que la tendencia al estancamiento (o caída) de los salarios continúe”, señalaron los especialistas.
¿Qué implica el nuevo proyecto de reforma?
El proyecto de “modernización laboral” tendría, en caso de aprobarse, varias consecuencias claras sobre el mercado laboral, aunque –advierten especialistas– diferentes a lo que argumenta el oficialismo.
Según coinciden diferentes centros económicos, este tipo de reformas, una vez más no generará más empleo registrado, ya que –por ejemplo– otorga más subsidios y beneficios a empresas, pero sin controles ni programas específicos para la creación de empleo. “Recortará derechos individuales y ampliará las facultades empresariales, mediante la flexibilización y alargamiento de la jornada de trabajo a través de bancos de horas o similares y el fraccionamiento de los tiempos de las vacaciones” alertaron desde CIFRA. Asimismo, cuestionaron la posibilidad de que los salarios se abonen con “ticket canasta” y el recorte sobre el pago de indemnizaciones por despido.
Entre los puntos más rechazados por los especialistas laborales aparece también el desfinanciamiento del sistema de Seguridad Social y del sistema de obras sociales, mediante la reducción de las contribuciones patronales a estos destinos.
Otros espacios como el Instituto Argentina Grande (IAG) y el CETYD-UNSAM, aseguraron que “la reforma laboral no plantea soluciones para los problemas de los trabajadores, por el contrario, los profundiza”. Y mencionaron la situación de los ingresos, ya que “se dejaría de pagar adicional por horas extra, dejan de garantizarse los pisos de convenios por actividad y se pueden reducir horas por baja de productividad”. A su entender, también podría “aumentar la conflictividad al interior de las empresas, ya que la discusión salarial se traslada al interior de los lugares de trabajo”.
De cara al debate que se abrirá en el Congreso, el contraste es evidente: las cifras oficiales convierten al propio Gobierno en el principal testigo en contra de su diagnóstico. La mayor desregulación laboral, presentada como condición necesaria para crear empleo, no produjo más trabajo registrado ni mejores condiciones, sino un mercado laboral más fragmentado, con menos derechos y salarios que siguen corriendo detrás de la inflación. La experiencia reciente vuelve a señalar que la creación de empleo de calidad no depende de abaratar despidos ni flexibilizar contratos, sino de un nivel de actividad sostenido, políticas productivas y un esquema de derechos laborales que funcione como piso.
