Diputados restablece la emergencia en obras públicas
La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó en una sesión especial el proyecto que restablece la emergencia en obras y servicios públicos en la provincia por un año más. El peronismo y algunos legisladores libertarios advirtieron que la medida generará inseguridad jurídica y que los argumentos económicos del Ejecutivo no ameritan la excepcionalidad.
En las últimas horas, el bloque oficialista juntó los votos necesarios para dar sanción definitiva al restablecimiento de la emergencia, más allá de las fuertes observaciones de la oposición.
La defensa oficialista: “Herramientas ágiles y aceleración”
La defensa por el oficialismo la realizó la diputada María Noelia Taborda (Juntos por Entre Ríos) quien afirmó que “esta adecuación resulta necesaria y es responsable, porque hay certificados de obras y servicios públicos reconocidos administrativa y judicialmente que requieren instrumentos ágiles y de aceleración”.
En ese sentido aclaró que la modificación “no amplía facultades discrecionales, sino que, ratifica las herramientas ya autorizadas por la legislatura”. Además, la diputada dijo que la Ley generará “continuidad, seguridad jurídica y responsabilidad fiscal, permitiendo honrar compromisos y cuidar el interés general de la provincia”.
En esa línea, Gabriela Lena (UCR), aclaró que la norma “para nada es una renuncia al Estado de Derecho. El artículo quinto de la Ley no viola derechos, sino que los protege, porque permite revisar, negociar y encausar todas las controversias en un marco legal y transparente. La verdadera inseguridad jurídica sería mirar para otro lado y dejar que los conflictos se acumulen y las obras se abandonen sin respuestas”.
La oposición: “Una gestión que instala inseguridad jurídica”
El diputado Juan José Bahillo explicó que el bloque Más para Entre Ríos- Unión por la Patria no acompañó la prórroga “porque en un tercer año de gestión se normaliza una cuestión excepcional”.
Al respecto, recordó que “cuando el gobierno provincial asumió en diciembre de 2023 requirió el acompañamiento para la declaración de emergencia en diferentes materias. Después vinieron las prórrogas. Nadie puede decir que no somos una oposición razonable que le dio al Ejecutivo las herramientas que necesita, pero una emergencia que concluirá un 31 de diciembre en un tercer año de gestión representa un 75 por ciento de gestión en emergencia”.
Para el diputado “después de dos años el gobierno, la gestión provincial debería haber encontrado el mecanismo y, además, no hay una magnitud excepcional de obra pública para justificar la emergencia. Indudablemente, hay una desorganización en cuanto a lo administrativo que no logra resolverse a dos años de experiencia”.
Además, recordó que el gobernador Rogelio Frigerio “dijo el 17 de septiembre, ante la Cámara Argentina de la Construcción, que no iba a haber prórroga de la emergencia en obra pública y anunció un plan de infraestructura y, ninguna de las dos cosas, se están cumpliendo”.
Críticas a los fundamentos: “Los argumentos no justifican la emergencia”
Las modificaciones introducidas por el Senado “son correctas, ya que no se puede prorrogar algo que venció”, dijo la diputada Silvina Deccó, quien precisó: “Espero que esto sirva como un ejemplo para visibilizar que la celeridad o el tratamiento exprés solo dilatan el debate y estudio de los proyectos”. Sin embargo, la legisladora aclaró que lo que se trató en el hemiciclo “no es una cuestión de redacción, sino que hay algo mucho más profundo, ya que no se indica el fundamento para requerir una prórroga de una emergencia”.
Deccó apuntó que uno de los argumentos es “el volumen extraordinario de trámites administrativos y ahí nos preguntamos si ‘un gran volumen’ habilita o no a una declaración de emergencia, que entiendo que no. Además, hay una cuestión que es meramente enunciativa, eso no es una fundamentación ni real ni efectiva”.
Por otro lado, la legisladora habló de los argumentos económicos: “Se refieren a una deuda de, aproximadamente, 4.000 millones de pesos, correspondientes a certificados emitidos y a emitir, pero si se analiza con el Presupuesto 2026 el impacto sería mínimo, porque no alcanza ni el uno por ciento del presupuesto destinado a obras, es decir, el argumento es vago y con poco criterio en cuanto a la especificidad que se requiere para este tipo de normativas”.
“Desde otro lugar al hablar de ‘extraordinario’ nos tenemos que centrar en esto, porque si se sigue prorrogando deja de ser algo excepcional para ser algo regular y ordinario”, dijo. Además, rememoró que durante la pandemia “se ameritaba una emergencia y, en ese momento, quienes hoy son oficialismo y antes eran oposición no la acompañaron. Esa emergencia en un contexto más grave y determinante fue por, solamente, un año, por lo que no es un dato menor tratar este proyecto que de un gobierno de cuatro años tres esté en emergencia”.
Por otro lado, cuestionó el artículo cinco: “Acá no hablamos simplemente de una emergencia, sino que hablamos de seguridad jurídica”. También, consideró que la emergencia “habilita la discrecionalidad con contrataciones directas y excepciones a procedimientos extraordinarios”.
