Diputados peronistas indagan pagos de OSER sin libre deuda de ATER
Diputados del bloque peronista en la Legislatura de la provincia presentaron en las últimas horas un Pedido de Informe dirigido a la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (OSER). La solicitud busca que el ente informe el listado completo y detallado sobre todos los pagos autorizados por su Gerencia, Presidencia o Directorio “sin el correspondiente Certificado de Libre Deuda emitido por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER)”, abarcando un período específico.
El pedido, que también solicita se consignen montos, beneficiarios, conceptos y el funcionario autorizante de cada caso, fue presentado por la diputada Lorena Arrozogaray y contó con el acompañamiento de varios de sus pares. La iniciativa surge tras el desplazamiento de tres trabajadoras de larga trayectoria, que se desempeñaban en la ex Iosper y tenían continuidad en la nueva OSER.
Reestructuración y reemplazo de personal
Los legisladores pidieron además que se remita copia certificada de todos los actos administrativos mediante los cuales se reestructuró el área de ‘Control del Gasto’, indicando fundamentos y firmantes. Otro punto exige que se informe la situación de revista actual y se acompañen los legajos del personal designado en reemplazo de las tres contadoras profesionales desplazadas, detallando los criterios de selección aplicados.
El pedido también insta a que se envíe copia íntegra de todos los contratos de locación de inmuebles o servicios abonados durante el período indicado, junto con las resoluciones que los autorizaron. Se reclama, además, toda la documentación del Directorio, informes de sindicatura y registros del Tribunal de Cuentas vinculados a estos temas.
Fundamentos del pedido
En los fundamentos, los diputados plantearon que la OSER administra fondos que integran el patrimonio del Estado Provincial, debiendo hacerlo bajo principios de eficiencia y transparencia. Sostuvieron que el desplazamiento y reemplazo arbitrario de contadoras con más de veinte años de antigüedad “no puede ser interpretado como una mera reasignación funcional”.
En esa línea, cuestionaron que se trate de “un ejercicio ilegítimo” utilizado con una finalidad ajena al interés público. También argumentaron que “la sustitución de profesionales con formación universitaria por personal que no acredita idoneidad técnica suficiente en áreas contables críticas, revela una jerarquización inversa incompatible con dichos principios”.
Irregularidades en pagos y desmantelamiento de controles
El pedido subraya que “la autorización de pagos sin Certificado de Libre Deuda emitido por ATER importa una transgresión directa al régimen legal vigente”. Señalaron que la omisión de este control vulnera las normas sobre control previo del gasto, incrementando el riesgo de perjuicio patrimonial.
En un punto crucial, los legisladores afirmaron que “el desmantelamiento del área de Control del Gasto, lejos de ser una cuestión organizativa neutra, podría constituir una maniobra funcionalmente orientada a facilitar pagos irregulares, con impacto patrimonial directo”. Recordaron que la ley es categórica al establecer que los miembros del Directorio responden con su patrimonio por los perjuicios económicos causados por decisiones penalmente responsables.
Finalmente, se expresó que “la negativa, demora u ocultamiento de información compromete responsabilidad funcional” y podría tener implicancias penales.
