Defensa de Airaldi impugna indagatoria
En las últimas horas, comenzó el debate oral y público contra el productor rural Leonardo Airaldi por narcotráfico en Entre Ríos y Santa Fe. La primera audiencia estuvo marcada por intensos cruces entre la defensora del exdirigente de la Sociedad Rural de Diamante, la presidenta del Tribunal y el fiscal general. El proceso cuenta con ocho imputados presentes en el salón, mientras que Airaldi sigue las instancias de forma remota desde la Unidad Penal de Ezeiza.
El Tribunal Oral Federal (TOF) integrado por los jueces Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello escuchó la requisitoria de elevación a juicio de las causas: una originada en Diamante y la otra en Santa Fe. Tras ese acto, recepcionó los planteos preliminares.
Mariana Barbitta, defensora del principal implicado, pidió varias nulidades que, de tener recepción positiva por parte del TOF, harían caer el juicio. Entre sus planteos, cuestionó la acumulación de los expedientes, la indagatoria y el inicio mismo del proceso en Entre Ríos, señalando que no está claro quién aportó el dato inicial a Prefectura para iniciar la pesquisa. Según Barbitta, esa falta de transparencia afecta la validez de toda la investigación.
Todo lo señalado por Barbitta fue rechazado por el Ministerio Público Fiscal, ya que José Ignacio Candioti sostuvo que esos señalamientos están infundados y que no hay ningún tipo de vicio que afecte las garantías de los procesados.
En más de una oportunidad, la jueza Berros se puso firme y frenó a Barbitta y Candioti porque se cruzaban verbalmente por cuestiones vinculadas a la dinámica del proceso. Ninguno de los acusados declaró en esta primera jornada. Se presume que esto sucederá en la próxima audiencia.
Una investigación que nació en el río
La causa denominada Diamante tuvo su origen tras un informe de la Prefectura Naval Argentina que advertía sobre movimientos sospechosos de barcazas en la zona costera de la Ciudad Blanca, desde las cuales se arrojaban bultos al río Paraná. A partir de allí, mediante escuchas telefónicas, la justicia detectó la presunta comercialización de sustancias como cocaína, marihuana y en menor medida MDA.
Las pesquisas profundizaron en las actividades realizadas en una estancia propiedad de Airaldi. Según el testimonio de un testigo, en dicho lugar descendían avionetas cada 30 o 40 días, tras lo cual partían camionetas escoltadas por personas armadas. Es más, en el campo se detectó una pista de aterrizaje para avionetas.
Las intervenciones telefónicas también permitieron conocer que Airaldi se jactaba de tener control sobre la policía y algunos puestos camineros, asegurando que nadie detenía sus movimientos. También, se registró la compra de buques por un valor de 360.000 dólares.
Roles y estructura de la organización
De acuerdo con la acusación fiscal, encabezada por José Ignacio Candioti, Airaldi montó una estructura desde Diamante para la venta de estupefacientes entre Paraná y Santa Fe. Entre los roles destacados figuran:
Juan Andrés Erbes: administrador y socio; dueño del Bar Mandela, señalado como centro de venta y distribución de estupefacientes.
Sebastián Agustín Armocida: asistente y colaborador de Airaldi; manejaba su camioneta y tenía acceso al depósito del Bar Mandela.
Roberto Fabián Coronel: administrador; policía entrerriano que aportaba logística, seguridad y protección a Airaldi.
Joel Damián Schonfeld: vendedor; participaba en operaciones de comercialización con lenguaje en clave.
Walter Gonzalo Olivero (“Bocha”): asistente; empleado del Bar Mandela y policía santafesino, manejaba la caja del bar bajo órdenes de Erbes.
Cristian Emanuel Sánchez (“Poroto”): asistente; empleado del Bar Mandela, hacía repartos y cobranzas para Erbes.
Marino Martínez: asistente; también empleado del Bar Mandela, realizaba delivery en moto y pequeñas transacciones.
María Soledad Touzet: Se presentaba como secretaria de Airaldi y habría estado vinculada a la venta de drogas.
El cargamento con destino a Qatar
El operativo principal fue en un allanamiento en la vivienda que Diego Torres alquilaba en Puerto Gaboto, Santa Fe. Allí, se secuestraron 28 paquetes compactos de clorhidrato de cocaína —con un peso total de casi 30 kilos y alto nivel de pureza— ocultos debajo de una cama. Los envoltorios tenían inscripciones alusivas a aerolíneas internacionales.
La causa se inició tras la denuncia de una mujer que aseguró haber sido amenazada con un arma de fuego por Torres en el marco de un conflicto vecinal. Esa presentación derivó en inspecciones policiales que confirmaron el domicilio del imputado y motivaron el operativo que culminó con el hallazgo de la droga.
Las pesquisas revelaron que Torres trabajaba como puestero en la isla El Pillo bajo las órdenes de Airaldi. La brigada Los Pumas de Santa Fe constató que el predio pertenecía a este último y que en la zona se registraban movimientos sospechosos de barcazas. Testimonios recogidos por la fiscalía vinculan directamente a Torres con el traslado de paquetes desde una estancia de Airaldi en Diamante.
Actualmente, Torres está desaparecido y el Ministerio de Justicia otorga dinero por información de su paradero.
El juicio continúa bajo un clima de tensión legal, marcado por las constantes interrupciones de la defensa de Airaldi, ejercida por la doctora Mariana Barbitta, quien intentó frenar la revelación de pruebas y escuchas durante la audiencia inicial, provocando el descontento de la fiscalía.
El debate se extenderá durante los próximos meses, con audiencias previstas hasta mediados de año, momento en el que se darían los alegatos finales.
