Accidentes laborales y justicia en Entre Ríos
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) difundió un informe en el cual releva que a nivel nacional hubo 132 demandas por cada 10 mil asegurados. En Entre Ríos la estadística marcó 87 demandas cada 10 mil asegurados, quedando en la 10ª posición en comparación con el resto de provincias que más casos tienen.
En el marco del sostenido aumento de la litigiosidad por accidentes y enfermedades laborales a nivel nacional, nuestra provincia se ubicó por debajo del promedio del país, aunque con un nivel que igualmente refleja una dinámica judicial significativa.
Contrastes regionales y causas del fenómeno
La comparación regional muestra fuertes contrastes. Mientras en Corrientes el nivel de litigiosidad es de 18,5 casos cada 10.000 trabajadores, en Entre Ríos el índice prácticamente quintuplica esa cifra. A su vez, se ubica muy por debajo de distritos como Santa Fe (295,9) o San Luis (300,2), donde la judicialización alcanza niveles cercanos a 300 demandas cada 10.000 asegurados.
Desde el sector asegurador sostienen que estas diferencias no se explican por variaciones en la siniestralidad. De hecho, los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) muestran que el índice de accidentes laborales viene descendiendo en las últimas décadas. También se redujo la tasa de fallecidos por millón de trabajadores.
La ley incumplida y el debate en el Congreso
En ese contexto, los especialistas vinculan el incremento de los juicios a factores estructurales del sistema pericial y judicial. Uno de los puntos centrales es la aplicación de la ley 27.348, sancionada en 2017, que estableció la creación de cuerpos médicos forenses en cada jurisdicción, con honorarios desvinculados del monto de las sentencias. Según la UART, ninguna de las 18 jurisdicciones adheridas –entre ellas Entre Ríos– ha conformado esos cuerpos médicos tal como prevé la norma.
El debate volvió a instalarse en el Congreso nacional, donde se analiza un proyecto de reforma que incorpora la obligación de cumplir integralmente con esa ley. La iniciativa establece un plazo de 90 días para que las provincias implementen las medidas pendientes, bajo apercibimiento de sanciones administrativas por parte de la SRT.
El impacto del nuevo baremo
Otro elemento que incide en la litigiosidad es la determinación del porcentaje de incapacidad. Desde este año rige un nuevo baremo, establecido por decreto, que redefine los criterios para evaluar secuelas de accidentes y enfermedades laborales. Según sostienen desde el sector asegurador, la nueva tabla apunta a reducir la discrecionalidad en la fijación de porcentajes. (APFDigital)
