Abogada de Crespo Plantea Observaciones Institucionales por la Terna del Juzgado de Paz
Abogada de Crespo cuestiona falta de transparencia en la terna para Juez de Paz local
La abogada Sonia Gabriela Spreafico, con domicilio profesional en Crespo, elevó una presentación formal ante el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) dirigida a su presidente, Santiago Esquivel. El objetivo es poner en conocimiento de la entidad gremial su preocupación por el procedimiento adoptado para cubrir la vacante en el Juzgado de Paz de la ciudad.
El origen del reclamo
Según informó el portal local solnoticias.com.ar, la profesional tomó conocimiento mediante publicaciones periodísticas de que, en la última semana de diciembre de 2025, el Departamento Ejecutivo Municipal remitió al Honorable Concejo Deliberante una terna de postulantes. Esta acción motivó la convocatoria a sesiones extraordinarias del cuerpo legislativo en los primeros días de enero de 2026.
Falta de criterios objetivos
En su nota, Spreafico realizó consideraciones institucionales sobre la modalidad del trámite. Cuestionó que los fundamentos del proyecto de ordenanza para la selección se hayan basado en conceptos como el “prestigio” y la “trayectoria profesional”, sin que estos fueran acompañados de criterios objetivos, acreditaciones formales ni una instancia pública de evaluación. La letrada entiende que este abordaje carece de los parámetros claros y verificables que deberían regir un proceso de esta naturaleza.
Impacto en el conjunto de los profesionales
La abogada planteó que este tipo de fundamentaciones, al no surgir de procedimientos reglados y transparentes como los concursos públicos de antecedentes previstos en la normativa provincial, generan un impacto institucional negativo sobre todos los profesionales del derecho que ejercen en Crespo. Sostuvo que se establecen distinciones implícitas que no se apoyan en parámetros igualitarios ni accesibles para toda la matrícula.
El rol del Colegio de la Abogacía
La presentación aclara que no busca que el CAER intervenga en las responsabilidades específicas de los funcionarios municipales ni en decisiones políticas. Su intención es poner la situación en conocimiento del organismo representativo de la matrícula, atendiendo a su rol en la defensa de la dignidad, el respeto y el adecuado trato institucional hacia los abogados y abogadas en el ejercicio de su profesión.
La nota concluye solicitando que el caso sea considerado en el ámbito del Colegio, en resguardo de los principios de igualdad, transparencia y reconocimiento institucional que deben regir tanto el acceso a la función pública como la valoración del ejercicio profesional.
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