Gobierno provincial debe explicar exclusión de contratados en RUV
Un pedido de informes ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos para requerir precisiones al Gobierno provincial sobre la exclusión del personal del Registro Único de la Verdad (RUV) en los decretos que aprueban los contratos temporarios para el próximo año. La iniciativa, que genera alarma por la continuidad de las tareas de preservación de la memoria, busca que se detallen las razones de esta omisión y las medidas de protección del acervo documental.
El pedido, presentado por la diputada peronista Laura Stratta, solicita específicamente la nómina de quienes desempeñan tareas en el RUV —dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad— detallando su situación de revista desde 2023 a la fecha. Además, insta a que se precisen los fundamentos de los Decretos 3.817/25 y 3863/25, que aprueban los Contratos Temporarios en la Administración Pública para 2026, y en los cuales no figuran las personas que prestan servicios en el Registro Único de la Verdad.
Preocupación por la continuidad y la custodia
Stratta también requirió el detalle de las medidas de custodia y protección de los archivos con los que cuenta el RUV, en virtud de lo previsto en la Ley 9.577 y la Constitución Provincial, que garantiza el rescate de la memoria. Asimismo, pidió información sobre el personal encargado del archivo y de dar cumplimiento a las funciones establecidas por la ley.
En sus fundamentos, la legisladora advirtió que resulta crucial que el Poder Ejecutivo detalle las acciones concretas de seguridad —física, digital y de conservación— implementadas para garantizar la intangibilidad de este material histórico, especialmente ante la incertidumbre laboral del personal. La interrupción de estas funciones, señaló, paraliza el proceso de reconstrucción histórica.
Una misión con respaldo constitucional
La diputada indicó que el pedido se sustenta en el principio de fiscalización del Poder Legislativo y busca garantizar la plena vigencia de la ley que crea el RUV. Precisó que esta institución tiene una misión fundamental: el rescate, preservación, documentación y difusión de la memoria histórica de la represión ilegal en la provincia, un mandato que se enmarca en el artículo 6° de la Constitución entrerriana.
“Cualquier acción u omisión que ponga en riesgo su funcionamiento o su acervo documental constituye una afectación directa a este mandato constitucional y un retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, sostuvo Stratta.
Alarma por la pérdida de conocimiento especializado
La omisión del personal del RUV en los listados de contratos temporarios genera, según la legisladora, una alarma institucional. Explicó que este personal no solo cumple funciones administrativas, sino que posee un conocimiento especializado e indispensable en la clasificación, digitalización, análisis y custodia de archivos relativos a violaciones a los derechos humanos.
Stratta planteó que la falta de renovación contractual de este personal idóneo representa un riesgo inminente para la operatividad diaria del organismo, la custodia de la información sensible —que podría quedar expuesta a deterioro o manipulación indebida— y el cumplimiento mismo de la Ley 9.577.
Un llamado a garantizar la estabilidad
Ante este escenario, la diputada requirió que el Poder Ejecutivo explique de manera detallada las razones de la exclusión y las medidas urgentes que adoptará para garantizar la estabilidad laboral y la continuidad funcional de la institución.
Resaltó que la protección de estos archivos no es una mera tarea administrativa, sino un deber inherente al Estado para garantizar el Derecho a la Verdad y prevenir la impunidad. “La discontinuidad en las funciones de archivo contraviene directamente la letra y el espíritu de la Ley”, finalizó Stratta.
