El silencio impuesto sobre Kathaleya
La vocal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, hizo lugar al pedido de la defensa de Ariana González, asistida por la defensa oficial, de ordenar al periodismo no informar sobre la discusión de la admisión de evidencia y acuerdos probatorios por el crimen de una bebé de dos meses que murió por el violento maltrato que sufrió en su corta vida. La defensa del coimputado, Cristian Hernández, también en manos de la defensa pública, y Fiscalía, estuvieron de acuerdo con el pedido.
En las últimas horas, las defensoras públicas, Mariana Montefiori y Antonella Manfredi, que asisten a Ariana Gisele González, solicitaron que se ordene al periodismo no informar sobre los acuerdos probatorios y la discusión de la admisión de evidencias para llevar al debate ante un jurado popular, en relación al aberrante asesinato de Kataleya Quetzaly, que tenía dos meses de vida cuando falleció como consecuencia de los maltratos que recibió, presuntamente de sus padres. Ambos progenitores –que tenían 24 y 22 años, respectivamente al momento del hecho– enfrentan cargos por el delito de Homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía.
Acuerdo entre las partes y fundamento de la medida
La defensa del coimputado, Cristian Gabriel Hernández, a cargo de los también defensores públicos, Rodrigo Juárez y Fernando Callejo; y las representantes del Ministerio Público Fiscal, Valeria Vílchez y Evangelina Santana, adhirieron al pedido. La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Carolina Castagno, que será la jueza que presidirá el debate que se realizará ante un jurado popular, estuvo de acuerdo con los fundamentos de las defensoras y emitió la orden de no informar sobre los puntos solicitados.
La audiencia contó con la inusual presencia de defensores públicos y fiscales que concurrieron a seguir los pormenores de la discusión, que se prevé ardua por varias razones. La más determinante es que ambos acusados se desligan de la responsabilidad del asesinato y la cargan sobre el otro, situación de la que se fue dando cuenta a la sociedad en las sucesivas audiencias que asfaltaron el proceso hasta esta última instancia previa al debate.
El riesgo de influenciar a testigos y jurados
El argumento para pedir la limitación al periodismo de informar sobre un caso que en su momento generó el estupor de la sociedad de Paraná, fue justamente aquel. Así, se planteó que informar sobre los pormenores de una audiencia oral y pública –como bien lo señaló la jueza– podría llegar a influenciar a la sociedad, a los testigos –de los que la parte que solicitó la limitación de informar dijo que aún no los conocía–, y a los potenciales ciudadanos que integrarán el jurado popular.
La defensa de González sostuvo que durante el proceso aquella sufrió el incendio de su vivienda, la que compartía con Hernández y la bebé de dos meses de vida, y añadió que también se instaba la limitación “por Paraná, que no deja de ser una ciudad chica y puede influenciar a jurados por la prueba vertida, y para no afectar el debido proceso y pueda afectar a los testigos”.
Los cargos y las líneas de defensa
Fiscalía relató que el hecho que se les endilga a ambos progenitores en calidad de coautores consistió en propinarle a su hija de dos meses de vida, que se encontraba en una situación de vulnerabilidad por la edad y porque dependía absolutamente de sus padres, un sufrimiento constante e innecesario durante el corto período de vida, lo que terminó causándole la muerte.
La defensa de González sostuvo que demostrará que no fue la autora, que fue víctima de violencia de género, transformándose en una víctima más, y que Hernández es una persona violenta que siempre mantuvo vínculos atravesados por la violencia, no solo con González.
La de Hernández sostuvo lo mismo, se desligó de la responsabilidad y dijo que lo probará con evidencia que producirá en el debate, pero respondió rechazando las acusaciones de la defensa de González sobre una situación de violencia de género que la haya condicionado. (APFDigital)
