Milei y la balcanización de los recursos naturales
El debate exprés sobre los cambios en la ley de protección de los glaciares denota que el alineamiento geopolítico de Javier Milei con la Alianza para la Seguridad de los Minerales Críticos impulsada por los Estados Unidos nada tiene que ver con el desarrollo económico de las provincias y el conjunto del país. El proyecto que se tratará en el Senado lleva de cintillo “una Argentina como economía de enclave” puesta al servicio de la industria bélica y tecnológica del corolario Trump sobre la Doctrina Monroe.
En las últimas horas, el Poder Ejecutivo manejó los tiempos para que el tratamiento de la norma coincidiese con la firma del “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos” con los Estados Unidos. Milei pretende ofrecerle a Trump uno de los compromisos asumidos en el acuerdo subscripto por el canciller Pablo Quirno.
El texto del acuerdo es claro en cuanto a que los países se comprometen a agilizar cualquier aspecto regulatorio para facilitar la aprobación de proyectos mineros vinculados a los intereses bélicos y tecnológicos de Estados Unidos. Dice el Instrumento Marco: “Los Participantes tienen la intención de implementar medidas destinadas a acelerar, simplificar o desregular los plazos y procesos de otorgamiento de permisos, incluidos aquellos necesarios para la minería, separación y procesamiento de minerales críticos dentro de sus respectivos sistemas regulatorios internos, de conformidad con sus respectivas leyes aplicables”. La modificación a la ley de glaciares encaja dentro de este esquema.
El otro punto clave del acuerdo es que la administración Milei blanqueó que los beneficios establecidos en el programa de incentivos de entrega colonial de los recursos naturales – entiéndase RIGI- también se encuentran al servicio de las demandas de las corporaciones de Estados Unidos y las naciones integrantes del Foro sobre Compromiso Geoestratégico en Materia de Recursos (FORGE, por sus siglas en inglés).
De cómo vaciar una ley sin que se note
El proyecto de glaciares enviado por el Poder Ejecutivo propone que no todas las formaciones con hielo perenne cuenten automáticamente con la misma protección sino que las provincias definan bajo sus propios criterios qué zonas presentan una función hídrica relevante. Se rompe el esquema de presupuestos mínimos ambientales de la ley sancionada en 2010.
“La ley de glaciares se construyó durante mucho tiempo. Pasó por un primer veto de CFK hasta conseguir su aprobación en 2010. La provincia de San Juan junto a la Barrick quisieron declararla inconstitucional hasta que la Corte Suprema de Justicia declaró su plena vigencia. Se construyó un amplio consenso democrático sobre esta ley”, sostuvo en diálogo con El Destape Pía Marchegiani, abogada y doctora en Ciencias Sociales.
El ambiente no reconoce fronteras; las reservas estratégicas del agua no tienen fronteras y sirven tanto para la agricultura, la producción vitivinícola en Mendoza, la ganadería, las personas y la propia vida del ecosistema.
“Decían que necesitaban una mejor definición sobre el alcance de la ley pero ahora se pone en duda la relevancia hídrica de las áreas protegidas. La facultad para definir qué glaciar tiene agua pasará a los gobernadores. Será una definición política y no científica. Serán las empresas mineras las que definan”, agregó Marchegiani.
Lo que pretende cambiarse forma parte del corpus argumental ya esbozado por la Barrick Gold junto a la provincia de San Juan al cuestionar la constitucionalidad de la propia ley, planteo rechazado por la Corte Suprema de Justicia en 2019. En su fallo, el Máximo Tribunal estableció que “los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional deben ser interpretados buscando adaptar la gestión de los recursos naturales a las directivas de la cláusula ambiental, para cumplir de la forma más fidedigna posible un mecanismo propio del federalismo concertado”.
Milei legisla para un puñado de proyectos y empresas: Los Azules, llevado adelante por McEwen Copper; El Pachón y MARA, bajo la gestión de Glencore; y Josemaría, bajo la gestión de Vicuña Corp, el joint venture entre Lundin Mining Corp y BHP.
Lo que se derrite es la ley que protege a los glaciares
De la modificación a la ley de glaciares tampoco subyace que se esté considerando un desarrollo regional virtuoso. Además, se impulsa la desafectación del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA – Conicet) como autoridad de aplicación en la protección de los cuerpos de agua.
“En la actualización de la región de los Andes Desérticos se observó que entre 2018 y 2023 hubo una reducción del 17 % en la superficie con glaciares y del 23 % en los manchones de nieve perennes. Esto fue producto del aumento de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones. Son las consecuencias del cambio climático”, sostuvo Pablo Villagra, director del IANIGLA, durante una exposición en el Senado. Consultado sobre si los habían convocado a discutir los cambios, Villagra respondió: “No fuimos consultados. Le quitan toda la autoridad al instituto”.
Los que sí fueron consultados a través de las Mesas del Litio y del Cobre fueron los integrantes de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. “Nosotros hace mucho que tenemos diálogo permanente con las provincias; qué mejor que ellas cuidando sus propios recursos”, sostuvo Alfredo Vitaller, directivo de la cámara.
“Lo que se nota es que del lado de las empresas mineras y las diferentes cámaras empresariales no existe una real preocupación por obtener la mejor ley posible. Este es un proyecto explícitamente regresivo. El Gobierno nacional está llevando adelante todas las estratagemas para que parezca que ésta no es una ley regresiva pero la están vaciando”, argumentó Elizabeth Möhle, investigadora de la organización Fundar y la UNSAM.
La cartografía de los recursos
Bajo el título “Cartografía geológica”, la Argentina se comprometió a profundizar la entrega de información sensible a los Estados Unidos. “Los Participantes tienen la intención de cooperar para contribuir al mapeo de los recursos minerales en la Argentina y en los Estados Unidos, con el fin de respaldar cadenas de suministro de minerales críticos diversificadas”.
Este apartado debe ser leído en línea con la pretensión oficial de modificar la ley de protección de glaciares y con los cambios de fondo que se buscan para la ley que protege el dominio nacional del avance en la extranjerización de tierras. Con los dos proyectos de modificación legislativa en juego, sumado el Instrumento Marco para asegurarle a los Estados Unidos el abastecimiento de minerales críticos, la pregunta sobre quién controla el territorio del país y sus recursos naturales se vuelve más central que nunca.
