La intervención del puerto de Ushuaia y su alineación estratégica
En las últimas horas, se confirmó que la administración nacional avanzó sobre el Puerto de Ushuaia, construyendo un sumario para intervenirlo de manera forzosa, independientemente de las respuestas que pudieran ofrecer desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El expediente se basó en una serie de cuestionamientos realizados desde el Poder Ejecutivo a partir de una denuncia de la Unión de Personal Superior Ferroviario, a cargo de Juan Avellaneda, un aliado circunstancial del oficialismo.
La resolución de la intervención federal sobre el Puerto se firmó con la estampa de Iñaki Miguel Arreseygor, titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), y fue comunicada al presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, a través de un mensaje de WhatsApp en la madrugada. En el momento de la confirmación, ya se encontraban en territorio fueguino Cristian Rigueiro, gerente de Coordinación Técnica, y Gustavo Ferrero, gerente de Asuntos Jurídicos de la ANPYN.
La intervención se concretó de madrugada. Todo estaba planificado
El gran interrogante que se plantea es: ¿Qué busca la administración nacional con este avasallamiento sobre la provincia de Tierra del Fuego? A los pocos días de la intervención, y sin informarle a las autoridades provinciales, arribó a Ushuaia un avión bajo bandera estadounidense con un grupo de al menos siete congresales y varias incógnitas sobre los motivos de una visita que también incluyó una parada en Vaca Muerta.
La cronología de una farsa
El expediente para la intervención planificada se inició luego de una denuncia del gremio conducido por Juan Avellaneda, quien cuestionó que, a partir de una ley provincial, se desviarían fondos del Puerto para cubrir baches financieros de la obra social de los trabajadores fueguinos. La ley se aprobó pero nunca se ejecutó. Incluso, el propio gobernador Gustavo Melella ordenó avanzar con su derogación parcial en el marco del expediente de la ANPYN.
Sin que se hubiera consumado ningún “desvío de fondos” –que en realidad era una reasignación de un excedente presupuestario–, la ANPYN incluyó ese argumento como causal para la intervención. El Gobierno nacional también justificó su avanzada en supuestas falencias de infraestructura. Desde la Provincia respondieron con un detalle del plan de inversiones en ejecución y se informó que este año se lanzaría la licitación para la construcción del Complejo Portuario de Ushuaia.
“Teníamos prevista la compra de defensas tipo Shibata pero no nos permitieron acceder a los dólares para avanzar con la operación”, argumentó Murcia en diálogo con un medio nacional.
La intervención se firmó cuando a la Provincia todavía le quedaban días hábiles para seguir dando respuesta administrativa a las acusaciones. Pero nada de eso importó. Las autoridades nacionales incluyeron como argumento las supuestas falencias a pesar de que los propios cuerpos técnicos y jurídicos de la ANPYN habían dado por válidas las respuestas de la Dirección Provincial de Puertos.
Parte de esta cronología integra el eje argumental de una nueva medida cautelar presentada ante la justicia federal de Ushuaia. “En los hechos, lo que se produce es una intervención federal en lugar de una intervención administrativa en materia de infraestructura. Somos una provincia de carácter insular, por lo que la continuidad operativa del Puerto bajo la autoridad provincial constituye un elemento central del interés público comprometido”, puede leerse en el texto judicial.
Las amenazas del titular de la ANPYN
Consultado sobre si la decisión del Gobierno nacional se había tomado antes de iniciarse el proceso de auditoría, Murcia respondió: “La decisión era intervenir sí o sí y dejarnos afuera del Puerto. La propia resolución es contradictoria. Dejaron por escrito que, si la Provincia llegase a entorpecer su trabajo, derogarían la habilitación del puerto. Eso es una amenaza. La misma madrugada de la intervención llegaba uno de los buques bioceánicos más grande del mundo. ¿No era que estaba todo mal?”.
Sobre quién ejerce actualmente la seguridad y los controles dentro del Puerto, Murcia afirmó: “No lo sabemos. Yo no puedo entrar al Puerto que es como si fuera mi casa, es nuestra jurisdicción provincial. Solo entran los operadores privados y el listado de personas enviado por la ANPYN 45 minutos después de la intervención”. El listado se conforma por personas que responden al titular del gremio que impulsó la denuncia original. “También están moviendo muchas personas desde Buenos Aires. Están operando el Puerto sin cumplir con las medidas de seguridad internacionales”, agregó.
Entre la privatización y la entrega a una potencia extranjera
La Provincia presentó una nueva medida cautelar donde no solo se detallan los hechos de una intervención planificada, sino que también se exponen los posibles motivos políticos.
“Al intervenir el Puerto de Ushuaia de forma inconstitucional e ilegítima, y desplazar a la Dirección Provincial del Puerto, estas actividades podrían derivarse a la órbita privada a través de una concesión, favoreciendo a determinados grupos económicos, o alineándose con potencias extranjeras. El Puerto de Ushuaia es un punto central y estratégico de nuestro país”, se advierte en el texto judicial.
Ante la pregunta de qué busca el Gobierno nacional con todo esto, Murcia vinculó los hechos: “La intervención federal se produjo en el mismo período en que aparecieron los americanos por acá. ¿Quieren adoctrinar a la provincia? La intervención en el Puerto es poner una pata sobre la provincia. Con respecto al avión que llegó desde los Estados Unidos, no se nos puso en conocimiento de nada; y menos nos dijeron que iban a ingresar a las áreas portuarias”.
El rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Mariano Hermida, quien participó de una reunión con los congresistas estadounidenses, sostuvo que una de las recomendaciones de la Embajada había sido “no avisarle a la prensa”.
Sobre la posibilidad de una entrega de las instalaciones a una potencia extranjera, Murcia señaló: “Es una especulación política pero no es descabellada. Somos una de las principales entradas a la Antártida. Alrededor del Puerto gira un trabajo público y privado y hoy están dejando fuera de juego al Estado provincial”.
Respecto a una eventual privatización, concluyó: “Desde el día de la intervención, lo único que cambió fue que crearon una cuenta bancaria para desviar la facturación de los servicios del puerto. Nos desfinancian para hacer un consorcio de gestión o ponerlo en manos privadas. Somos un puerto multipropósito, así que podría haber muchos grupos interesados en llevar adelante una suerte de canibalización de las instalaciones portuarias”.
