Vencido el plazo, cayeron las denuncias contra la vocal Susana Medina
Archivado el pedido de juicio político contra la vocal Susana Medina del STJ
En las últimas horas, venció el plazo que tenía la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados provincial para convocar a sus integrantes y tratar un dictamen que rechazaba los pedidos de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina. Al no realizarse dicha convocatoria, los pedidos quedaron archivados.
El proceso, que se había iniciado con dos denuncias contra la magistrada, llegó a su fin tras este vencimiento. Las acusaciones se centraban en supuestas ausencias injustificadas de la jurisdicción por capacitaciones y en un aludido atraso en el despacho de expedientes en la Sala Nº 3 del Trabajo, que preside Medina.
Una tercera denuncia rechazada de plano
Previamente, una tercera denuncia presentada por Marta Cecilia Miño, ex escribiente titular del STJ, ya había sido rechazada *in limine*. Miño alegaba haber sido víctima de acoso laboral y persecución por razones políticas, pero la Cámara Baja desestimó directamente su presentación.
El dictamen que marcó el camino
La no convocatoria de la comisión tiene su antecedente clave en un dictamen de mayoría emitido días atrás por la comisión investigadora. Allí se determinó de manera contundente que no existía daño institucional, afectación al servicio de justicia, retardo, negligencia, abandono del cargo ni incumplimiento funcional alguno por parte de la vocal.
Respecto a las ausencias, el dictamen señaló que el desempeño regular, continuo y eficiente de Medina estaba “objetivamente acreditado” mediante informes oficiales y estadísticas. El texto concluyó que las denuncias “no formulan cargos jurídicos, sino juicios de valor; no acreditan irregularidades, sino sospechas; no aportan pruebas, sino opiniones”.
Un intento de “instrumentalizar” el juicio político
El análisis de los legisladores fue aún más allá, considerando que las presentaciones “constituyen un intento manifiestamente improcedente de instrumentalizar el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional contra la independencia de una jueza”.
Se aseguró que las imputaciones carecían de hechos concretos y normas vulneradas identificables, basándose en cambio en “una construcción discursiva artificiosa” apoyada en notas periodísticas e inferencias subjetivas, lo que desnaturalizaría el instituto del juicio político.
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