Oposición busca redefinir emergencia para reactivar obras paralizadas
Oliva propone redefinir la emergencia en obra pública para reactivar trabajos paralizados
En las últimas horas, el presidente del Bloque de Senadores del PJ, Martín Oliva, anunció que propondrá junto a su bloque redefinir los alcances de la emergencia en obra pública. El objetivo es dar continuidad a trabajos paralizados y brindar respuestas concretas a los municipios, en un contexto marcado por el retiro del Gobierno nacional del financiamiento de obras estratégicas.
El senador advirtió sobre la necesidad de una nueva ley, ya que el régimen legal de emergencia se encuentra extinguido y su prórroga no llegó a ser debatida y aprobada por ambas cámaras. “La emergencia debe ser una herramienta transitoria para ordenar y dar previsibilidad, no un atajo para consolidar discrecionalidad”, subrayó Oliva al dejar en claro que los alcances de la norma se deben limitar a las obras en ejecución cuyo financiamiento el Estado nacional retiró.
Límites a la discrecionalidad y contexto nacional
Oliva insistió en que la emergencia no puede transformarse en un “cheque en blanco” para el Poder Ejecutivo provincial, que lleva ya dos años gobernando bajo regímenes excepcionales y recurriendo de manera sistemática a contrataciones directas. Aclaró que las nuevas obras que proyecte el gobierno provincial deberán estar enmarcadas en los procedimientos de licitación pública determinados por la legislación vigente.
En particular, el senador uruguayense señaló la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, como un ejemplo claro del desmantelamiento de políticas públicas federales. Esa decisión implicó la transferencia a la provincia de numerosas obras de agua y cloacas financiadas originalmente con fondos nacionales, obligando a Entre Ríos a asumir compromisos complejos desde el punto de vista administrativo y financiero, en un contexto de fuerte restricción presupuestaria.
Los detalles del proyecto opositor
El proyecto presentado por la oposición restablece la vigencia de la Ley N° 11.138 hasta el día 31 de diciembre de 2026. Faculta al Poder Ejecutivo a cancelar certificados de obras públicas y todo tipo de deuda reconocida administrativa o judicialmente al contratista, referente a obras y servicios públicos ejecutados o en ejecución, con fondos, títulos de deuda u otros instrumentos financieros existentes o que se creen.
“Se debe ordenar este escenario posibilitando la renegociación o rescisión de contratos cuando resulte necesario, facilitando el reconocimiento y la cancelación de créditos a las empresas contratistas y reduciendo de manera significativa la litigiosidad existente o potencial”, explicó Oliva. Finalmente, solicitó el tratamiento prioritario del proyecto en la Legislatura, al considerarlo un acto de responsabilidad política frente a un retiro nacional que impacta directamente en los municipios, la infraestructura básica y la vida cotidiana de los entrerrianos.
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