Frigerio ante los organismos de DDHH por el desmantelamiento del registro
Organismos de DDHH exigen audiencia urgente ante el vaciamiento del Registro Único de la Verdad
En las últimas horas, la Multisectorial de Derechos Humanos, junto a la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher), presentó formalmente pedidos de audiencia ante el gobernador Rogelio Frigerio y ante las autoridades de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos de la Legislatura. El objetivo es manifestar su profunda preocupación por la situación crítica que atraviesa el Registro Único de la Verdad (RUV).
A través de notas dirigidas al mandatario provincial, así como al diputado Fabián Rogel y al senador Martín Oliva, presidente y secretario de la Bicameral respectivamente, las organizaciones denunciaron un proceso de vaciado institucional que pone en riesgo más de 20 años de construcción de memoria y justicia en nuestra provincia.
Una situación límite
Según advirtieron la Multisectorial y la Rodher, el organismo creado por la Ley Nº 9577 atraviesa un escenario de precariedad extrema caracterizado por despidos masivos: el equipo técnico fue reducido drásticamente, quedando solo tres trabajadores en funciones.
Además, cuestionaron la falta de coordinación y pusieron el énfasis en la ausencia de una dirección que planifique y ejecute políticas públicas de memoria. La crisis también es de infraestructura: “El RUV no cuenta con un edificio propio ni adecuado para sus tareas”, alertaron, y advirtieron sobre el riesgo inminente para el acervo documental: “Peligra la custodia del archivo más importante sobre la represión dictatorial en la región”.
Un pilar de la identidad entrerriana
Desde las organizaciones recordaron que el RUV no solo custodia archivos, sino que es el nexo fundamental en la provincia con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Abuelas de Plaza de Mayo y la Conadi para la búsqueda de personas desaparecidas e identidades sustraídas.
“El RUV ha sido una pieza fundamental para la identificación de sitios de memoria y la pedagogía de los derechos humanos. No podemos permitir que este patrimonio documental y social se pierda por falta de voluntad política”, señalaron referentes del sector.
Ante la urgencia de resguardar estas políticas públicas, los organismos esperan una pronta respuesta a las audiencias solicitadas para garantizar la operatividad de un ente que consideran patrimonio de toda la sociedad entrerriana.
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