Casación ordenó continuar la investigación por la muerte del soldado Mauro Ramírez, ocurrida en 2003
La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la investigación por la muerte del soldado Mauro Ramírez en Misiones
En las últimas horas, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar al recurso presentado por la querella que representa a la madre del soldado voluntario Mauro Ramírez. La decisión ordena el reenvío de las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas para que continúe la investigación por la muerte del joven, ocurrida en el año 2003.
Los hechos bajo la lupa
El soldado Mauro José Francisco Ramírez perdió la vida a los 21 años mientras cumplía su guardia en el Destacamento de Monte 30 del Ejército Argentino, en la localidad misionera de Apóstoles. Su fallecimiento se produjo como consecuencia de un disparo con su arma reglamentaria, un fusil FAL calibre 7.65 mm.
Inicialmente, la justicia provincial archivó la causa al considerarla un suicidio. Sin embargo, la madre de Ramírez presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco. Tras un debate sobre competencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que debía intervenir la justicia federal.
El camino judicial tuvo idas y vueltas: tras un primer archivo federal, la investigación se reabrió a instancias de la madre querellante. En ese marco, la Procuración General de la Nación asignó un nuevo fiscal y se solicitó el desarchivo definitivo, argumentando una instrucción deficiente y serias irregularidades, incluso con una denuncia contra el juez provincial que intervino al principio.
El pedido de la querella y la decisión clave
La querella solicitó que se citara a declarar a un soldado y a un suboficial que estaban con Ramírez al momento del hecho. Su teoría es que, durante el procedimiento de cambio de guardia, el disparo se habría producido por una mala manipulación del arma por parte del soldado que lo reemplazaba.
El juez federal rechazó ese pedido y la Cámara de Apelaciones de Posadas confirmó la decisión. Ante esto, la querella llevó el caso a la Casación. Los jueces Alejandro Slokar y Carlos Mahiques, con el voto en disidencia de Diego Barroetaveña, finalmente dieron lugar al recurso, acompañando el dictamen del fiscal general Javier De Luca.
Fundamentos de un fallo que prioriza a la víctima
En su voto, el juez Slokar destacó la gravedad del caso, enmarcándolo en la categoría de violencia institucional. Señaló que “estas acciones u omisiones de funcionarios públicos que podrían vulnerar derechos básicos consagrados en instrumentos internacionales aparecen –en caso de no ser atendidos debidamente- llamados a acarrear eventual responsabilidad internacional”.
El camarista consideró que la cámara anterior había soslayado las reglas para el acceso a la justicia por parte de las víctimas, dando un “tratamiento aparente” a cuestiones dirimentes. Por su parte, el juez Mahiques añadió que “la tutela judicial efectiva de las víctimas no se satisface con un acceso meramente formal a la jurisdicción, sino que exige una respuesta motivada y razonable a sus planteos”.
En disidencia, el juez Barroetaveña sostuvo que el recurso debía rechazarse, argumentando que la querella no demostró cómo la decisión anterior relativizaba la gravedad del caso y que el derecho a la tutela judicial efectiva estaba siendo garantizado.
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