Amparo contra el desfinanciamiento de la educación técnico profesional
Comunidad educativa entrerriana presenta amparo judicial contra el desfinanciamiento de las escuelas técnicas
martes 06 de enero de 2026 | 10:11hs.
Un grupo de estudiantes, familiares y docentes de escuelas técnicas de la provincia presentó una acción de amparo en la Justicia para intentar frenar la aplicación de un artículo del Presupuesto 2026 que desfinancia la educación técnico profesional. La medida busca que se restablezca el financiamiento al considerar que la modificación prevista es inconstitucional.
Los tres golpes al financiamiento
El artículo en cuestión, el N°30 del presupuesto ya aprobado, introdujo tres cambios concretos: eliminó la meta de financiamiento del 6 por ciento del PBI fijada por la Ley de Educación Nacional, derogó los artículos de la Ley de Ciencia y Tecnología que establecían parámetros de inversión para el área, y borró el Artículo N°52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (ETP). Este último era clave, ya que garantizaba un fondo mínimo del 0,2% del presupuesto nacional para complementar los recursos de las escuelas técnicas.
Un recorte del 93% para la formación técnica
El colectivo que presentó el amparo advierte que este cambio significa un recorte del 93% en el presupuesto 2026 para la modalidad, respecto a valores equivalentes de 2023. “Se disponen sólo 11 mil millones de pesos y no 322 mil millones, como establecía la ley”, explicaron. Y agregaron con contundencia: “Está claro que a Javier Milei y su Gabinete no les interesa tener un país con producción nacional y por esto mismo tampoco tienen interés en tener un país con Técnicos profesionales”.
Los cinco argumentos de inconstitucionalidad
La acción judicial, presentada por dos estudiantes acompañados por sus padres en representación de un grupo más amplio, esgrime cinco puntos centrales. Primero, sostiene que una ley de presupuesto no puede derogar leyes permanentes que garantizan derechos, lo que constituiría un “desvío de poder”. Segundo, viola el derecho constitucional a la educación, que exige financiamiento “suficiente, continuo y previsible”.
En tercer lugar, el presupuesto “viola el principio de progresividad” al eliminar protecciones ya consolidadas. Cuarto, es “discriminatorio”, ya que impacta de lleno en quienes no pueden costear una educación privada. Por último, “compromete derechos en desarrollo”, porque las trayectorias educativas no se pueden pausar sin causar un daño profundo.
El reclamo y los próximos pasos
El amparo quedó radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°11 de la Ciudad de Buenos Aires. Reclama la restitución de todo lo derogado por el Artículo N°30, no solo para la educación técnica sino para toda la educación en general. Ahora, la Justicia deberá decidir si levanta la feria judicial para tratar el tema y luego fallar sobre la medida cautelar solicitada.
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